Lo que pasó aquel viernes
El marcador señalaba 52-49 a falta de seis minutos. Entonces se oyó un crujido seco, como un disparo de salida mal dado, y la viga 7-C, una de las diez que sostienen la cubierta de La Aldehuela desde 1989, se partió en dos puntos y cayó en diagonal sobre la zona de tiros libres, justo donde el alero cadete Mario Nieto, de 16 años, esperaba un rebote que nunca llegó a sus manos.
La viga le rozó el hombro izquierdo. Partió tres filas de grada supletoria.
No hubo heridos graves, y esa es la frase que repiten todos los implicados con la misma pausa incómoda, porque nueve personas recibieron atención en el Hospital de Salamanca por contusiones leves y crisis de ansiedad, dos de ellas niños de nueve años que esperaban a sus hermanos en el pasillo de vestuarios, y porque el técnico municipal de estructuras, Ricardo Vegas, llegó a las 20:20 y ordenó desalojar las cuatro instalaciones anexas antes de medianoche, antes de redactar un informe entregado el 3 de marzo que describía una pudrición seca en el apoyo derecho de la viga y que llevaba "entre ocho y doce años sin inspección visual directa".
La cubierta se revisó por última vez en profundidad en 2006. El contrato de mantenimiento vigente en 2025 correspondía a Estructuras Zamora SL, con 14.600 euros anuales para los siete pabellones municipales, menos de 2.100 euros por recinto y año.
El concejal de Deportes, Óscar Bellido, compareció dos días después en la sala de prensa del Estadio Helmántico, leyó un comunicado de cuatro minutos y no aceptó preguntas. Ahí empezó el problema político.
Diecisiete meses de cierre y tres sedes prestadas
El CB Salamanca masculino juega desde septiembre de 2025 en el pabellón de la Universidad Pontificia, en la avenida de los Reyes de España, con un aforo de 410 localidades y un suelo de tarima flotante que no cumple la normativa para competición federada de categoría nacional, de modo que el club solicitó una excepción a la Federación de Castilla y León que le fue concedida en octubre con carácter provisional y revisable cada trimestre, y que en marzo de 2026 volvió a prorrogarse.
El equipo femenino entrena en Pizarrales. Son 4,3 kilómetros desde el vestuario habitual de muchas jugadoras.
La factura de autobús urbano del club pasó de 340 euros mensuales a 1.190 entre febrero de 2025 y junio de 2026, según la tesorera Carmen Prieto. Los cadetes, el grupo que estaba en pista aquel viernes, se disolvieron en agosto de 2025: de los doce jugadores, siete se fueron a clubes de Villares de la Reina y Santa Marta de Tormes, y el resto lo dejó.
No hay categoría que sostenga un proyecto sin pabellón propio. Lo dice el director deportivo, Andrés Tapia, sentado en la cafetería del campus, con la mano abierta sobre la mesa y la vista puesta en un calendario que ya no le sirve.
Lo que cuesta reparar lo que nadie miró
El expediente de reparación se adjudicó el 11 de noviembre de 2025 a Construcciones Águeda SA por 1.830.000 euros, un 62 por ciento por encima del estimado inicial de 1,13 millones, y el incremento se justificó por la sustitución completa de las diez vigas de cubierta, no solo de la siniestrada, y por el refuerzo de los cuatro pilares de hormigón del lateral norte, que presentaban carbonatación superficial.
La obra debía terminar en abril de 2026. En septiembre de 2026 sigue con andamios.
La última prórroga, firmada el 2 de agosto, sitúa la entrega provisional en diciembre de 2026, y la oposición municipal ha pedido dos veces la comparecencia de Bellido en el pleno, la segunda el 5 de septiembre, resuelta con la ausencia del concejal por "motivos de agenda". El seguro municipal cubrió 410.000 euros del siniestro. El resto sale de las arcas locales, concretamente de una modificación de crédito que detrajo 620.000 euros del plan de asfaltado de los barrios de Garrido y San José, y dos calles de Garrido siguen sin reparar desde entonces.
El Ayuntamiento ha contratado una auditoría estructural de los seis pabellones restantes a Ingeniería Tormes SL por 47.300 euros. El informe se entregará en noviembre. En Pizarrales ya han detectado humedades en dos correas.
La rutina de quienes ya no tienen su sitio
Los martes y los jueves, a las 18:30, unas cuarenta personas esperan en la parada de la avenida de la Merced el autobús 12 hacia el campus universitario: son familias de jugadores que antes cruzaban la calle y que ahora hacen cuarenta minutos de trayecto de ida y otros tantos de vuelta, con mochilas, botellas y niños pequeños agarrados a la mano de quien les lleva.
Rocío Delgado ha cambiado su turno en el Hospital Clínico. Cobra 210 euros menos al mes.
Trabaja de mañana desde marzo de 2025 para poder acompañar a su hijo a los entrenamientos, y dice que es la letra pequeña de todo esto, que hay decenas de casos como el suyo, que nadie los cuenta y que el barrio entero se ha quedado sin el sitio donde se encontraba los sábados por la mañana. En el barrio, el pabellón hacía de guardería y de sala de cumpleaños. La panadería de la calle Lugo, a sesenta metros de la entrada, calcula que factura unos 400 euros menos al mes; su dueña, Ángela Ramos, lleva el negocio desde 1998 y asegura que nunca había visto una caída así en un barrio tan pequeño.
El club ha organizado dos mercadillos para pagar los desplazamientos. Recaudaron 2.340 euros entre los dos.
Qué se hace ahora y qué no
La Federación de Castilla y León aprobó en junio de 2026 una instrucción que obliga a los ayuntamientos con pabellones anteriores a 1995 a presentar un certificado de inspección cada cuatro años, una norma que afecta a 38 recintos de la provincia y a 11 de la capital, y Salamanca tiene 41 instalaciones que entrarían en el supuesto con dos técnicos en el área de Deportes para cubrirlas todas.
El informe dirá qué está mal. No dirá quién decidió no mirar durante dieciocho años.
No dirá por qué el contrato de mantenimiento se renovó cinco veces sin una sola inspección en altura, ni por qué nadie preguntó por el estado del apoyo derecho de la viga 7-C, ni por qué el presupuesto de 14.600 euros anuales parecía suficiente para siete pabellones, ni por qué la primera auditoría de la serie llegó después de una caída y no antes. Andrés Tapia espera la reapertura como espera una temporada que no llega: ha inscrito al equipo en regional para 2026-2027 con la condición de jugar en la Universidad Pontificia hasta enero y, si el pabellón no abre, renunciará a la categoría y probablemente al proyecto.
En la puerta de La Aldehuela cuelga un cartel desde febrero de 2025. La fecha de reapertura sigue en blanco.